El lunes cayó en nuestras manos un artículo del Heraldo de Aragón, en el que se ponía el foco sobre más de 55.000 viviendas de la ciudad de Zaragoza, que carecían de ascensor. Por desgracia esta problemática es mucho más común de lo que nos agradaría, no afectando solo a una zona determinada de España, sino que nos encontramos con ella en cada uno de los municipios de nuestro país. ¿Sabías que en todo el territorio nacional se estima que hay más de 100.000 personas que les es imposible salir de sus domicilios, por culpa de la falta de accesibilidad en sus inmuebles? A causa de no estar viviendo en una comunidad de vecinos accesible, hay muchas personas que pierden su libertad de movimientos. Hay casas que acaban convirtiéndose en una especie de cárcel, cuyo exterior solo se puede disfrutar a través de las ventanas.
La pasada semana se dio a conocer el informe Movilidad reducida y accesibilidad del edificio, encargado por Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), cuyos datos hacen sonrojar a la sociedad en la que vivimos. De los dos millones y medio de personas, en nuestro país, que tienen alguna dificultad para desplazarse, un 4% no salen casi nunca a la calle. Estos últimos pueden estar encerrados en sus domicilios durante meses o incluso años. Las razones de semejante despropósito son consecuencia de no poseer un ascensor que les ayude a moverse con total libertad por sus edificios, o pequeñas rampas que les faciliten salvar algún escalón.
A pesar de que en el año 2013, mediante un Real Decreto, el Gobierno se comprometió a alcanzar la accesibilidad universal en los siguientes 4 años, queda palpable que los plazos no se han llegado a cumplir. Una falta de sensibilidad unido a un tema monetario es, la gran mayoría de las veces, la causa por la que no se adaptan los edificios a todos aquellos que viven en ellos. La instalación de un ascensor en una finca antigua, habitada en muchos casos por personas mayores cuyos únicos ingresos son sus pensiones, hace casi imposible su construcción. Las subvenciones destinadas por los Ayuntamientos para estas causas son más escasas de lo que nos gustaría, y en muchos casos llegan tarde. Las tasas y los impuestos, el coste de la instalación del ascensor, y los gastos que se generan en el edificio para la presentación de la documentación en las instituciones públicas, son la causa de que los vecinos se echen atrás con las obras.
Sabemos que seguramente es una utopía, pero la administración debería aumentar las asignaciones presupuestarias de este tipo de ayudas, agilizar los trámites de los permisos, o crear algún tipo de rebaja fiscal, como alguna bonificación del IRPF, para todos aquellos vecinos que deben desembolsar semejante cantidad de dinero. Estaría bien que estudiasen, junto con los bancos, la manera de financiar este tipo de obras a un interés mínimo. En resumen: facilitar la vida a los ciudadanos que más lo necesitan.
El ascensor cambia la vida a sus usuarios, y siempre para bien. Hay centenares de miles de personas que dependen de una silla de ruedas, unas muletas, un bastón o un caminador para tener libertad de movimientos. Ninguno de nosotros estamos libres de caernos un día y rompernos una pierna. Tras los datos de los informes, se esconde el drama de todas aquellas personas atrapadas en sus domicilios, cuyos pies no han pisado la calle desde hace años.